Informacion del Proceso 1100131050031999-00217-02

Radicación 1100131050031999-00217-02
Tipo Providencia Civil-familia
Sala Civil, Familia, Y Laboral
Fecha 2007-09-05
Clase Proceso Ordinario Laboral
Magistrado Dr. Luis Fernando Salazar Longas
Juzgado Juzgado 3 Laboral Del Circuito De BogotÁ¡
Demandante Posidio Antonio Porras León
Demandado Consorcio Sampi Mayco Fertecnica S.A. S.M.F. S.A. Carbones de los Andes S.A. CARBOANDES S.A.
Extracto

DESPIDO INDIRECTO/ No pago oportuno de salarios/ Se acreditó que el empleador, en forma reiterada, continua, y sin justificación alguna se abstuvo de pagar dineros por concepto de salarios y prestaciones sociales.

CONTRATISTA INDEPENDIENTE/ Art. 34 C.S. del T./ SOLIDARIDAD/ No puede asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral; cada una tiene alcances y consecuencias distintas.

“Se enseña que esta figura jurídica no puede asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral, pues tiene cada una alcances y consecuencias distintas. Es claro que la vinculación de carácter laboral es con el contratista independiente y que el obligado solidario no es más que un garante para el pago de sus acreencias, de quien, además, el trabajador puede también exigir el pago total de la obligación demandada, en atención al establecimiento legal de esa especie de garantía. Y no por ello podrá decirse que se le esté haciendo extensiva la culpa patronal al demandado solidario. Se explica que la culpa es del empleador, pero los derechos respecto de los salarios, las prestaciones e indemnizaciones (como lo enuncia el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo) que de ella emanan son exigibles a aquel (el obligado solidario) en virtud, como atrás se anotó, de haberse erigido legalmente la solidaridad que estableció el estatuto sustantivo laboral, en procura de proteger los derechos de los asalariados o sus causahabientes.

CITAS: Casación Laboral, sentencia del 25 de mayo de 1968; Sent., 23 de septiembre 1960, “G. J.”, XCIII, 915; Sentencia de 25 de mayo de 1968; Sentencia de 21 de mayo de 1999, Sala de Casación Laboral MP Dr. José Roberto Herrera Vergara, exp. 11843

Desición MODIFICAR
Providencia

Expediente 1100131050031999-00217-02

 

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

 

En la fecha, miércoles cinco (05) de septiembre de dos mil siete (2007), siendo las cinco de la tarde (05:00 P.M.) día y hora previamente señalados para llevar a cabo la audiencia de juzgamiento, en segunda instancia (Apelación), en este proceso ordinario laboral promovido por el señor POSIDIO ANTONIO PORRAS en contra de CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A., CARBONES DE LOS ANDES S.A.-CARBOANDES  S.A. y CARBONES DE COLOMBIA S.A.  CARBOCOL  S.A., la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, compuesta por el Magistrado ponente y quienes hacen Sala, en asocio con su Secretaria, se constituyó en audiencia pública con el fin de llevar a cabo dicho cometido. Abierto el acto, se procede a emitir la siguiente decisión de fondo, previamente discutida y aprobada mediante acta de la misma fecha.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

SALA DE DECISIÓN CIVIL FAMILIA LABORAL

ARMENIA QUINDIO

 

Armenia Quindío, Cinco de Septiembre de dos mil siete

1. INFORMACIÓN PRELIMINAR

 

Se pronuncia la Sala sobre la Apelación de la sentencia de primera instancia de 13 de diciembre de 2002, proferida por el Juzgado 3º Laboral del Circuito de Bogotá D.C., dentro del proceso ordinario en referencia, el cual fue remitido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, en cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo 3430 de 26 de mayo de 2006, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

 

 

1.1 DEMANDA y RESPUESTA A LA DEMANDA

 

Por conducto de mandatario judicial debidamente constituido el señor Posidio ANTONIO PORRAS LEON promovió ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, juicio ordinario laboral de primera instancia en contra del CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A. -  CARBONES DE LOS ANDES S.A.-CARBOANDES  S.A. y CARBONES DE COLOMBIA S.A.  CARBOCOL  S.A., con el objetivo de que se condene a las demandadas al reconocimiento y posterior pago a favor del actor los salarios insolutos del año 1998, descontando $720.000,00 abonados por tal factor, del auxilio de cesantías y sus intereses correspondiente a todo el tiempo en que existió la relación laboral, al pago de la compensación de vacaciones de los dos  (2) últimos años de servicios, al pago de la prima de servicios por todo el año 1998, así como la devolución de los dineros descontados con destino al I.S.S. para salud, pensión y fondo de solidaridad pensional que asciende a $ 724.057; a cancelar auxilio de transporte por el último año de servicios, al pago de la indemnización por despido indirecto, así como a la indemnización moratoria, todo debidamente actualizado según la corrección monetaria, y la condena en costas a cargo de las demandadas.

 

Argumenta el demandante que ingresó a laborar con la demandada CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A., hoy  “SMF S.A.”, entre el 9 de agosto de 1993 y el 24 de julio de 1998, es decir,  5 años 1 mes y 15 días; mediante contrato de trabajo a término indefinido. Que el citado consorcio es contratista de CARBOANDES S.A., la cual a su vez es contratista de CARBOCOL S.A. dentro del contrato de movimiento de tierra y transporte de material orgánico, aluvión y estéril y roca para la extracción de carbón en la MinaLa Victoria” en el Municipio de la Jagua de Ibiríco (Cesar), donde prestó sus servicios el señor Porras León; siendo el último salario mensual devengado de $650.000,00. Afirma que debió dar por terminado el contrato de trabajo por justas causas imputables al patrono el 24 de julio de 1998, por falta de cancelación de su salario del año 1998 y de prestaciones sociales, adeudándole igualmente la indemnización por terminación del contrato; conceptos por los que las sociedades demandadas son solidariamente responsables y por los que el actor acudió a la mediación del Ministerio del Trabajo y la Seguridad Social en intento de conciliación sin que al momento de la demanda hubiere obtenido resultado alguno[1].

 

Como el Juzgado encontró que la demanda cumplía con las exigencias formales del Art. 25 del CPT y SS, la admitió por auto de 15 de Abril de 1999[2], disponiendo el traslado respectivo a la parte demandada, observándose que se notifica personalmente al Sr. Joaquín Valderrama como designado judicial del señor Nelson Rodolfo Amaya Correa Presidente de la Sociedad CARBOCOL S.A., y se tiene que en oportunidad contesta la demanda manifestando: que no le consta los hechos primero, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y noveno; que no es cierto el hecho octavo y aceptando como cierto el hecho décimo. Se opone a las pretensiones presentadas en la demanda planteando en el mismo escrito como excepción previa “Falta de competencia del Juez laboral para conocer de este proceso”; y como excepciones de Fondo “Inexistencia de obligaciones laborales a cargo de CARBOCOL S.A. y a favor del demandante – Inexistencia de derechos laborales del demandante frente a CARBOCOL S.A.” Igualmente formula Denuncia del pleito a la Empresa Nacional Minera Limitada MINERCOL LTDA[3].

 

Respecto de las otras sociedades demandadas en providencia de 14 de enero de 2000 se ordenó su vinculación por medio de Curador ad Litem[4], quien recibe notificación personal de la admisión de la demanda y en representación de CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A. y  CARBONES DE LOS ANDES S.A.- CARBOANDES  S.A.[5], y se tiene que en oportunidad da respuesta a la demanda manifestando no oponerse ni aceptar las pretensiones de la demanda “por desconocer las razones que tengan sus representados para proponer excepciones, por lo tanto se atiene a lo que resulte probado dentro del proceso”. Igualmente manifestó no constarle los hechos por lo tanto deben probarse, sin formular excepciones de fondo excepto las que del mérito probatorio deban declararse de oficio con base en el Art. 306 CPC[6].

 

 

1.2. TRÁMITE DEL PROCESO y DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

 

Convocó el Juzgado a las partes para que comparecieran a la audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio, y en la diligencia se observa que por la incomparecencia de las demandas se considera que no ya ánimo conciliatorio y seguidamente por el A-quo se estudia la excepción previa de Falta de competencia del Juez Laboral para conocer de este proceso, que se declara infundada a la interpretación de los Arts. 99, 100, 101, 151 y 213 de la Ley 222/95, de los que infiere nada impiden el adelantamiento de procesos declarativos laborales no obstante la situación de concordato o de recuperación de negocios en que se halle la demandada CARBOCOL S.A. Además allí se pronunció el Juzgado sobre la Denuncia del Pleito que igualmente formula esta demandada y respecto de la citación a MINERCOL .LTDA  con base en la celebración de un contrato interadministrativo con ECOCARBON LTDA hoy llamada  MINERCOL LTDA, puntualizando que todo lo relacionado con esta especie de contratos no es de competencia jurisdicción laboral ordinaria, según lo dispuesto por el articulo 87 del Código Contencioso Administrativo; razón por la cual la inadmitió. Y continuando con el trámite normal de la audiencia ya en primera de trámite, decretó las pruebas solicitadas por las partes[7].

 

Clausurado el debate probatorio, el A-quo resolvió la contención mediante sentencia de 13 de diciembre de 2002, mediante la cual condenó solidariamente a los demandados CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A., CARBONES DE LOS ANDES S.A. - CARBOANDES  S.A. y CARBONES DE COLOMBIA S.A.  CARBOCOL  S.A., a pagar a favor del actor las siguientes sumas: $2´752.678,40 por salarios debidos; $2´532.161,33 por cesantías; $344.373,90 por intereses legales y moratorios sobre cesantías; $255.344 por prima de servicios del primer semestre de 1998; $500.048,66 por vacaciones compensadas en dinero; $1´776.768,66 por indemnización por despido indirecto; $17.022.93 diarios a partir del 25 de julio de 1998 hasta que se cancele las condenas por salarios debidos, cesantías y vacaciones aquí liquidadas. Allí mismo absolvió a la parte demandada de las demás pretensiones de la demanda; declaró no demostradas las excepciones y condenó en costas  a la parte demandante.

 

Para arribar a esta decisión, centralmente se argumenta por el A-quo, una vez hecho amplio análisis de la estructura del contrato de trabajo, elementos que lo conforman, las características de los factores reclamados y la procedencia de su concesión, los vínculos contractuales que relacionan a las sociedades demandadas y  a la solidaridad que en su criterio surge en virtud del articulo 34 del Código Sustantivo del Trabajo, llega a la conclusión que el actor celebró contrato de trabajo con CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A., que CARBONES DE LOS ANDES S.A.- CARBOANDES  S.A., es solidaria con CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A. en relación con la carga laboral al tenor del Art. 34 mencionado, y que CARBONES DE COLOMBIA S.A.  CARBOCOL  S.A., como beneficiaria final de las obras contratadas y adelantadas por CARBOANDES S.A., según infiere del contrato No es solidaria con ésta y por tanto, igualmente debe responder de las obligaciones laborales de CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A., no obstante que el actor no acreditó la existencia del contrato entre CARBOCOL S.A. y CARBOANDES S.A.; con lo que se resolvió condenar a la parte demandada en los términos y conceptos de la sentencia aquí referida[8].      

 

 

1.3. RECURSO DE APELACIÓN

 

1.3.1 Apoderado demandada CARBOCOL S.A.

 

Inconforme con la decisión del juzgado, el apoderado judicial de la sociedad CARBONES DE COLOMBIA S.A.  CARBOCOL  S.A., entidad que se vinculara como litisconsorte necesario por pasiva, la apeló argumentando que esta sociedad es una Empresa Industrial y Comercial del Estado vinculada al Ministerio de Minas y Energía, la que celebró contrato administrativo de mediana explotación carbonífera con la sociedad CARBONES DE LOS ANDES S.A.-CARBOANDES  S.A., entidad esta que a su vez subcontrató con el CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A.,  para que actuara como operador de la explotación del área minera; dicho consorcio celebró el contrato de trabajo con el señor Porras León para que ejerciera funciones de “Cocinero en el campamento del Consorcio” en el Municipio de jagua de Ibiríco Departamento del Cesar. Que CARBOCOL S.A. mediante contrato ínter administrativo cedió a  la Empresa Colombiana de Carbón Ltda. – ECOCARBON LTDA -  hoy Empresa Nacional Minera Ltda. – MINERCOL LTDA – el contrato objeto de explotación carbonífera que realiza CARBOANDES S.A., a través del subcontratista CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A.

 

Con ello pone de presente que las relaciones contractuales que se derivan son estas: Una primera de carácter administrativa existente entre CARBOCOL S.A. y CARBOANDES S.A.; Una segunda de carácter ínteradministrativa  por la cesión del contrato entre CARBOCOL S.A. y ECOCARBON LTDA.; Una tercera, de servicios de operación minera entre CARBOANDES S.A. y el CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A.; y Una cuarta de naturaleza laboral entre el CONSORCIO SAMPIC MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A. y el señor POSIDIO ANTONIO PORRAS LEON.

 

En consecuencia, la vinculación solidaria de CARBOCOL S.A. en obligaciones laborales a la cual alude el juzgador de primera instancia obedece a una errónea interpretación de los contratos ínteradministrativos y a la falta de información del demandante respecto de  la cesión del contrato por parte de CARBOCOL S.A. a ECOCARBON LTDA  hoy MINERCOL LTDA. No existiendo duda de que a CARBOCOL S.A. no le cabe responsabilidad laboral de ninguna índole, en los resultados del proceso laboral ordinario de la referencia, dentro del cual se profirió la sentencia apelada, de ahí que depreca la revocatoria de la sentencia apelada en cuanto a la condena que se le impartió en forma solidaria[9].

 

1.3.2 Apoderado demandada CARBOANDES S.A.

 

Igualmente el apoderado judicial de la sociedad demandada  CARBONES DE LOS ANDES S.A.- CARBOANDES  S.A., interpuso el respectivo recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia argumentando que está demostrado con las pruebas documentales allegadas al expediente que entre esta demandada y el señor Porras León no existió vinculo laboral, razón por la cual la sociedad comercial no está obligada al reconocimiento de ninguna clase de acreencias laborales como las pretendidas por el actor; situación diferente fue la que se presentó entre el CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A. y el señor POSIDIO ANTONIO PORRAS LEON, quienes estaban vinculados por medio de un contrato de trabajo, como empleadora y empleado, y por ende, esta última es quien está obligada a reconocer las eventuales condenas que se pueden derivar de las pretensiones de la demanda. Y como se ha demostrado que el CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A. tenía la calidad de contratista independiente respecto de CARBOANDES S.A., enfatiza que la primera es la única responsable del reconocimiento y pago de las acreencias laborales del demandante[10].  

      

En razón del recurso subieron los autos a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y se observa que en la oportunidad del Art. 82 CPT y SS., las partes no presentaron en tiempo escrito de alegaciones o de solicitud de pruebas[11]. 

 

Como no existe irregularidad alguna que invalide lo actuado, puesto que se hallan satisfechos los requisitos necesarios para la formación y el desenvolvimiento  normal del proceso, llamados por la jurisprudencia y la doctrina presupuestos procesales, se procede a desatar la segunda instancia con cimiento en las siguientes:

 

 

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

 

Pone de presente la Sala que es avenido el criterio de que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso según las voces del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil. Esta es norma general, pero para cada proceso en particular la carga de la prueba esta regida por el principio consagrado en el artículo 177 ídem en virtud del cual “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, con la salvedad de que los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba por disponerlo así el inciso 2º de la norma transcrita.

 

Tales normas son de aplicación en los procesos laborales, advirtiendo sí que en esta clase de procesos el juez no está sujeto a la tarifa legal de pruebas y que puede formarse libremente su convencimiento, “Inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio” (Art. 61 CPT y SS).

 

Para efectos de decidir sobre la apelación conviene dejar por sentado desde ahora lo siguiente:

 

El demandante Posidio Antonio Porras León efectivamente laboró para el CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A. “S.M.F. S.A.”, desde el 9 de agosto de 1993 desempeñando el cargo de COCINERO, con una remuneración mensual de $150.000,00, tal y como quedó acreditado con la copia del contrato de trabajo obrante a folio 23 del cuaderno principal. Relación que tuvo vigencia hasta el 24 de julio de 1998 fecha en la cual el señor Porras León presentó por escrito renuncia dando por terminado el contrato de trabajo ante las directivas del citado consorcio, por justas causas imputables al patrono, tal como se tiene del documento a folio 24.

 

Es evidente que las condiciones laborales a las que se vio expuesto el empleado por el no pago oportuno de su salario y demás acreencias laborales y prestacionales a que tiene derecha, tanto en vigencia de la relación laboral como después de ella, son la evidencia de que el empleador CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  “S.M.F. S.A.”, en forma reiterada y continua, y sin justificación alguna se abstuvo de pagar dineros por concepto de salarios, prestaciones sociales como prima de servicios, cesantías, vacaciones, y otros beneficios de orden laboral con que cuenta por ley todo trabajador, y que fueron desacatados por la sociedad empleadora, que son el fundamento fáctico de la ruptura de la relación laboral por justa causa y para el caso en concreto del actual demandante. Situación esta que está suficientemente acreditada dentro del proceso con lo sendos testimonios de los señores Rafael Aldana Ruiz González (fls 156 a 158) y  Luis Alfredo Bohórquez Díaz (fls 166 a 168).

 

Así las cosas, es menester para el Tribunal establecer una responsabilidad  de orden salarial prestacional en cabeza de la entidad empleadora CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  “S.M.F. S.A.”, a favor del señor Posidio Antonio Porras León, ya que es evidente que no le pagó los conceptos aquí reclamados por el actor y que se causaron en los periodos señalados en el presente proceso, situación ésta que fue bien interpretada y claramente definida por el Juzgado de Primera Instancia que acierta cuando orienta la sentencia en ese sentido de condenar al empleador demandado en lo que por ley le corresponde.

 

A fin de establecerse en derecho si las codemandadas CARBOCOL S.A. y CARBOANDES S.A., son solidariamente responsables de las cargas laborales que debe asumir CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  “S.M.F. S.A.”, debe puntualizarse previamente lo siguiente:

 

Sin duda alguna para la Sala, el beneficiario de la obra que realizó el CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  “S.M.F. S.A.”, es CARBOANDES S.A., quien como se ve a través de contrato administrativo nº 090 de 27 de septiembre de 1991 de Mediana explotación carbonífera que celebró con CARBOCOL S.A., para el desarrollo del proyecto carbonífero en el área ubicada en la Jagua de Ibiríco, departamento del Cesar (folios 180 a 194). Y en este contrato conforme lo consignado en las cláusulas décimo primera, décimo tercera, décimo cuarta, vigésima sexta y vigésima primera, es claro que el contratista independiente que lo es CARBOANDES S.A., tiene la propiedad del carbón extraído del área contratada; que el contratista es el propietario de las obras de superficie y ocupación del suelo; que es el contratista quien debe pagar impuestos y contribuciones a la nación, al departamento y al municipio; que si bien CARBOCOL S.A., tiene participación en dinero o en especie, ésta no determina que tenga la calidad de beneficiario final del contrato porque esa participación tiene sentido de reembolso según se lee del texto de la cláusula vigésimo sexta.

 

Además obra en el expediente el contrato nº 189-93 según el cual CARBOCOL S.A., transfiere y/o cede a ECOCARBON LTDA (hoy MINERCOL LTDA), los derechos de aportes de carbón como se refleja del contrato de 9 de diciembre de 1993 (folios 121 a 129), con lo cual es palmario que para la época de vinculación laboral del Sr. Posidio Antonio Porras León a CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  “S.M.F. S.A.”, no era CARBOCOL S.A., en estricto sentido la beneficiaria o dueña de la obra, lo que conduce a establecer como hecho irrebatible que a esta empresa no se le pueden señalar las consecuencias jurídicas del incumplimiento contractual que la empleadora tuvo con el empleado hoy demandante. Por tanto, CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  “S.M.F. S.A.”, no era CARBOCOL S.A., y CARBOANDES S.A., son quienes únicamente están obligadas solidariamente al pago de las acreencias laborales deducidas en la sentencia apelada, de acuerdo con las relaciones jurídicas que regula el Art. 34 CST.

 

Entiende el Tribunal que la solidaridad no es más que una manera de proteger los derechos de los trabajadores para cuyo efecto se le hacen extensivas al obligado solidario, las deudas insolutas (prestacionales o indemnizatorias) en su calidad de  dueño o beneficiario de la obra contratada,  ante la usual insolvencia del deudor principal que no es otro que el empleador. Así lo sostuvo la Sala de Casación Laboral de la H Corte suprema de Justicia en sentencia del 25 de mayo de 1968, en uno de sus apartes:

 

“Mas el legislador, con el sentido proteccionista que corresponde al derecho laboral, previendo la posibilidad de que el contrato por las grandes empresas, como vehículo que les sirva para evadir las obligaciones sociales, y dada la frecuencia con que los pequeños contratistas independientes caen en la insolvencia o carecen de la responsabilidad necesaria, sin desconocer el principio de que el beneficiario de la obra no es en caso alguno el sujeto patronal, estableció expresamente, a favor exclusivo de los trabajadores, la responsabilidad solidaria del contratista y del beneficiario por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que puedan tener derecho, sin perjuicio de que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o repita contra él lo pagado a esos trabajadores.”

 

Se enseña que esta figura jurídica no puede asimilarse ni confundirse con la vinculación laboral, pues tiene cada una alcances y consecuencias distintas. Es claro que la vinculación de carácter laboral es con el contratista independiente  y que el obligado solidario no es más que un garante para el pago de sus acreencias, de quien, además, el trabajador puede también exigir el pago total de la obligación demandada, en atención al establecimiento legal de esa especie de  garantía. Y no por ello podrá decirse que se le esté haciendo extensiva la culpa patronal al demandado solidario. Se explica que la culpa es del empleador, pero los derechos respecto de los salarios, las prestaciones e indemnizaciones (como lo enuncia el artículo 34 del Código Sustantivo del Trabajo) que de ella emanan son exigibles a aquel (el obligado solidario) en virtud, como atrás se anotó, de haberse erigido legalmente la solidaridad que estableció el estatuto sustantivo laboral, en procura de proteger los derechos de los asalariados o sus causahabientes. De esta manera también lo ha dicho esa alta Corporación:

 

“‘La fuente de la solidaridad, en el caso de la norma, no es el contrato de trabajo ni el de obra, aisladamente considerados, o ambos en conjunto, sino la ley: esta es su causa eficiente y las dos convenciones su causa mediata, o en otros términos: los dos contratos integran el supuesto de hecho o hipótesis legal. Ellos y la relación de causalidad entre las dos figuras jurídicas, son los presupuestos de la solidaridad instituida en la previsión legal mencionada”’ (Sent., 23 de septiembre 1960, “G. J.”, XCIII, 915).

 

Siguiéndose con esta línea de pensamiento se dirá, la solidaridad pregonada por el actor en el texto de la demanda y ratificada por el A-Quo en la sentencia apelada, tiene su fundamento en el contenido del 34 del Código Sustantivo del Trabajo, que dispone:

 

Art. 34. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. <Artículo modificado por el artículo 3o. del Decreto 2351 de 1965:> 1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos patronos y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jurídicas que contraten la ejecución de una o varias obras o la prestación de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonomía técnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o dueño de la obra, a menos que se trate de labores extrañas a las actividades normales de su empresa o negocio, será solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garantías del caso o para que repita contra él lo pagado a esos trabajadores.

 

2o) El beneficiario del trabajo o dueño de la obra, también será solidariamente responsable, en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aún en el caso de que los contratistas no estén autorizados para contratar los servicios de subcontratistas.

 

El Tribunal observa que la postura de oposición de pretensiones que muestra la demandada CARBOCOL S.A. es coherente, está demostrada a través de los medios probatorios antes analizados en conjunto, y que determina inviabilidad de la demanda en su contra, porque en desarrollo de los contenidos del Art. 34 CST, pues es evidente que no tiene en el caso en particular ni la calidad de beneficiaria de la obra ni la de dueña de la obra como para predicar la solidaridad argüida por la parte actora.

 

Esto significa que debe Modificar parcialmente el ordinal 1º de su parte resolutiva de la sentencia apelada ya que se impone la absolución de CARBOCOL S.A., de la totalidad de pretensiones invocadas en su contra por el actor. Determinación que conduce además a que el demandante sea condenado al pago de costas procesales a favor de CARBOCOL S.A., en primera instancia conforme el num. 1º del Art. 392 CPC. 

 

De otro lado, recuerda la Sala que el apoderado judicial de CARBOANDES  S.A., interpuso el respectivo recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia argumentando que está demostrado con las pruebas documentales allegadas al expediente que entre esta demandada y el señor Porras León no existió vinculo laboral, razón por la cual la sociedad comercial no está obligada al reconocimiento de ninguna clase de acreencias laborales como las pretendidas por el actor; situación diferente fue la que se presentó entre el CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A. y el señor POSIDIO ANTONIO PORRAS LEON, quienes si estaban vinculados por medio de un contrato de trabajo, como empleadora y empleado.

 

Estos argumentos no son de recibo, porque como ya quedó investigado y se infiere de los medios probatorios, es evidente que esta empresa tiene la calidad de beneficiaria y dueña de la obra en la que laboró el Sr. Porras León, y en consecuencia, es quien debe responder solidariamente de las obligaciones laborales surgidas con ocasión al contrato de trabajo que el mencionado celebró con CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  “S.M.F. S.A.”, dentro de los lineamientos y en virtud de la solidaridad prevista en el Art. 3º del decreto 2351 de 1965 que modificó el Art. 34 CST. Esto significa que en su contra debe ser confirmada la condena impuesta por el A-quo. 

 

No está demás insistirse que de conformidad con el contrato administrativo nº 090 de 27 de septiembre de 1991 y contrato nº 189-93, de 9 de diciembre de 1993, sin duda, conforme la vinculación laboral del Sr. Porras León para CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  “S.M.F. S.A.”, trata de labores que le reportaban beneficios a CARBOANDES S.A., en el giro ordinario o normal de sus actividades, y por ello es exigible al contratista que responda solidariamente de las deudas laborales contraídas como consecuencia de la prestación de sus servicios del empleado a cargo de la ultima entidad mencionada (al respecto, sentencia de 25 de mayo de 1968, y sentencia de 21 de mayo de 1999, Sala de Casación Laboral de la H Corte Suprema de Justicia, MP Dr. José Roberto Herrera Vergara, exp. 11843). 

 

No habrá lugar a condena en costas por el trámite de segunda instancia porque se observa que éstas no se han causado – Art. 392.9 CPC.

 

 

3. DECISIÓN

 

Con base en lo expuesto, la Sala de Decisión Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, administrando justicia en nombre de la República de y por autoridad de la Ley,

 

 

3.1  R E S U E L V E

 

3.1.1 MODIFICAR parcialmente el ordinal 1º de la parte resolutiva de la sentencia apelada de 13 de diciembre de 2002, proferida por el Juzgado Tercero del Circuito de Bogotá D.C., en el sentido de que se ABSUELVE a CARBONES DE COLOMBIA S.A. -CARBOCOL  S.A., de la totalidad de pretensiones invocadas en su contra por el actor, a quien en consecuencia se le condena al pago de costas causadas en primera instancia a favor de esta demandada.

 

Por ende, se aclara que las demandadas CONSORCIO SAMPIC MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A. -  CARBONES DE LOS ANDES S.A.  CARBOANDES  S.A., son quienes deben pagar solidariamente las sumas de dinero y por los conceptos laborales que refiere el citado ordinal 1º de la parte resolutiva de la sentencia que se modifica; decisión proferida dentro del proceso ordinario laboral donde es demandante el señor POSIDIO ANTONIO PORRAS y demandados CONSORCIO SAMPI MAYCO FERTECNICA S.A.  S.M.F. S.A., CARBONES DE LOS ANDES S.A.-CARBOANDES  S.A. y CARBONES DE COLOMBIA S.A.  CARBOCOL  S.A.

 

3.1.2 CONFIRMAR la sentencia apelada en sus demás pronunciamientos, según lo señalado en la motivación.

 

3.1.3 DECLARAR que no hay lugar a condena en costas por el trámite en segunda instancia porque se observa que éstas no se han causado – Art. 392.9 CPC. Surtidos los trámites en esta instancia desanótese y devuélvase el expediente al Tribunal de origen y para los fines pertinentes.

 

La sentencia queda notificada a las partes en estrados conforme a la Ley, así se termina y firma por quienes en ella intervinieron, luego de leída y aprobada en todas sus partes.

 

 

 

LUIS FERNANDO SALAZAR LONGAS

Magistrado

 

 

 

OSCAR CARDONA PEREZ

Magistrado

 

 

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