Informacion del Proceso 630013105001-2005-00834-01

Radicación 630013105001-2005-00834-01
Tipo Providencia Civil-familia
Sala Civil, Familia, Y Laboral
Fecha 2007-11-09
Clase Proceso Ordinario Laboral
Magistrado Dr. Luis Fernando Salazar Longas
Juzgado Juzgado Primero Laboral Del Circuito De Armenia
Demandante Julio Cesar Serna Cardona
Demandado Instituto de los Seguros Sociales
Extracto

INCREMENTO DEL 14% SOBRE LA PENSION MINIMA LEGAL POR EL CONYUGE/ El incremento no es posible porque a esa fecha aun no se encontraba establecido ese tipo de derecho para el pensionado.

“Los incrementos del 14% y 7% sobre la pensión mínima legal por el cónyuge o compañero o compañera y de los hijos o hijas menores de 16 o de 18 años si son estudiantes o inválidos no pensionados y que dependan económicamente del pensionado, previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 que fue aprobado por el decreto 758 del mismo año, es procedente en el evento en que el pensionado por invalidez o vejez se le haya reconocido la prestación con fundamento en el Acuerdo 049-90 antes citado, es decir, para quien se ha pensionado bajo los lineamientos del reglamento general del Seguro Social Obligatorio de Invalidez Vejez y Muerte allí contenido, que no fue la situación jurídica definida por el ISS en la Resolución 00882 de 17 de mayo de 1985 cuando reconoció la pensión de vejez al actor, que como con acierto infiere el a-quo, se sujeta al Acuerdo 029 de 1985, normatividad vigente en la época en que se consolida el derecho pensional y que no contemplaba el derecho a incremento en porcentuales respecto de la compañera permanente dependiente del beneficiario. Y como este supuesto fáctico no fue previsto, no se puede hablar aquí de una situación definida, menos aun de la posibilidad de aplicación retroactiva del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 que sí regula el incremento del 14% sobre la pensión mínima legal por el compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste.

CITAS: esta Sala del Tribunal, concretamente se cita la sentencia de 1º de septiembre de 2006 dentro del proceso ordinario laboral promovido por José Vicente de la Pava en contra del mismo Instituto de los Seguros Sociales, MP Luís Fernando Dussán Arbeláez

Desición CONFIRMAR
Providencia

AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO

 

En la fecha, viernes nueve (09) de noviembre de dos mil siete (2007), siendo las cuatro de la tarde (04:00 P.M.) día y hora previamente señalados para llevar a cabo la audiencia de juzgamiento, en segunda instancia (Consulta), en este proceso ordinario laboral promovido por el señor JULIO CESAR SERNA CARDONA, en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, compuesta por el Magistrado ponente y quienes hacen Sala, en asocio de su Secretaria, se constituyó en audiencia pública con el fin de llevar a cabo dicho cometido.

 

Abierto el acto,  se procede a emitir la siguiente decisión de fondo, previamente discutida y aprobada mediante acta de la misma fecha.

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

 SALA DE DECISIÓN CIVIL-FAMILIA-LABORAL

ARMENIA QUINDIO

 

Armenia, Quindío, nueve de noviembre de dos mil siete (2007)

 

 

1.       INFORMACIÓN PRELIMINAR

 

Se pronuncia la Sala sobre la Consulta de la sentencia de primera instancia de 29 de mayo de 2007 proferida dentro del proceso ordinario en referencia por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia.

 

 

1.1.            DEMANDA y RESPUESTA A LA DEMANDA

 

Por conducto de mandatario judicial debidamente constituido, el señor JULIO CESAR SERNA CARDONA, promovió, ante el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Armenia Quindío, juicio ordinario laboral de primera instancia en contra del INSTITUTO DE  LOS SEGUROS SOCIALES, tendiente a obtener el reconocimiento y pago del incremento del 14% sobre el valor de la pensión mínima por persona a cargo, por su compañera permanente Sra. Olga Lucidia Arango Montoya con quien convive en unión marital de hecho y depende económicamente de él, y que el incremento deprecado se le pague incluido el respectivo retroactivo, a partir de 1° de mayo de 1985, y que se condene al ente demandado a pagar indexación pertinente para el caso por la suma total adeudada, y las costas del proceso.

 

Argumenta el demandante que fue pensionado por vejez, por el Instituto de los Seguros Sociales Seccional Quindío mediante Resolución 00882 de  1985,  a partir del 1° de mayo de 1985, y que desde hace más de diez (10) años convive en unión marital de hecho con la señora Olga Lucidia Arango Montoya, a quien sostiene hasta la fecha de manera permanente e interrumpida y dependiendo económicamente de él; que el ente demandado ante reclamación presentada el 12 de abril de 2005, no le reconoció ni le canceló el incremento deprecado sobre el valor de la pensión mínima por persona a cargo, situación a la cual alega tiene pleno derecho conforme a lo dispuesto por el literal b) del articulo 21 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 de ese año; que se le manifestó que deben acercarse una serie de documentos relacionados en el oficio SQ-CAP-0798 de 28 de abril de 2005, lo que hizo el 16 de junio de 2005, sin que se halla emitido respuesta, teniéndose por agotada la reclamación administrativa. Aduce que en el caso debe tenerse en cuenta que el Acuerdo 049 de 1990 en su articulo 21 estableció el incremento de las pensiones de invalidez y de vejez; disposición que no se ha modificado, subrogado ni derogado por disposición normativa posterior, teniendo plena vigencia y vigor legal.[1]

 

Como el Juzgado encontró que la demanda cumplía con las exigencias formales del artículo 25 CPT y SS., previa adecuación que se ordenó en razón a la cuantía, la admitió el 24 de enero de 2006 disponiendo correr traslado de ella al representante legal del ente demandado[2], quien una vez surtida tal actuación la contestó a través de apoderada en término oportuno, aceptando los hechos primero, quinto y séptimo, y adujo no constarle los hechos segundo tercero, negando los restantes, y con ello oponiéndose a pretensiones de la demanda al señalar que el demandante solo adquirió el derecho a la pensión mediante Resolución 882 de 17 de mayo de 1995 con fundamento en el Decreto 3041 de 1966 y con fundamento en el Decreto 759 de 1990 que aprueba el Acuerdo 049 del mismo año, por lo que los incrementos no fueron tenidos en cuenta en el reconocimiento de la prestación económica. También aduce que al análisis de estas disposiciones jurídicas aplicables al caso del señor Julio Cesar Serna Cardona, observa que el Decreto 3041 de 1966, articulo 16, guardó silencio en relación con el caso de la dependencia económica de las compañeras permanentes, razón por la que no es procedente el reconocimiento del incremento para la señora Arango Montoya. En el mismo escrito plantea excepciones de mérito de Prescripción  e inexistencia del derecho y de la obligación.[3]

 

 

1.2. TRÁMITE DEL PROCESO y DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA

 

Convocó el Juzgado a las partes para que comparecieran a la audiencia prevista en el articulo 39 de la Ley 712 de 2001, y en la diligencia se observa que por ausencia del representante legal de la demandada se considera superada la etapa de conciliación, sin decisión de excepciones previas porque no fueron propuestas, viéndose innecesario adoptar medidas de saneamiento y seguidamente se decretan las pruebas solicitadas por las partes.[4]

 

Clausurado el debate probatorio, el a-quo resolvió la contención mediante sentencia de 29 de mayo de 2007, absolviendo al ISS de la totalidad de las pretensiones de la demanda y en consecuencia condena al demandante al pago de las costas del proceso.

 

Conclusión a la que arriba al revisar que la  Resolución 00882 de 17 de mayo de 1985 fue emitida con base en el Acuerdo 029 de 1985 que era el que regía en el momento en que le reconocieron la prestación y no con fundamento en el Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 0758 del mismo año, que es posterior. Por tanto, no es viable procederse al reconocimiento de incrementos porque aunque demostrada la convivencia del actor con la señora Olga Lucidia Arango Montoya, el Acuerdo 029 de 1985 que se aplicó al caso no contemplaba como derecho tales incrementos por el caso de compañera permanente dependiente sino por cónyuge a cargo.[5]

 

En razón de la consulta, subieron los autos a esta Sala, donde se les dio a las partes la oportunidad para alegar y de solicitar la práctica de pruebas con base en el artículo 82 CPT y SS, habiéndose guardado silencio al respecto.[6]

 

Como no existe irregularidad alguna que invalide lo actuado, puesto que se hallan satisfechos los requisitos necesarios para la formación y el desenvolvimiento normal del proceso, llamados presupuestos procésales, por la jurisprudencia y la doctrina, se procede a desatar la segunda instancia con cimiento en las siguientes:

 

 

2.  CONSIDERACIONES  DE LA SALA

 

El Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social establece en su artículo 69 un grado de jurisdicción denominado de Consulta que se cumple cuando la sentencia de primera instancia es totalmente adversa a las pretensiones del trabajador siempre y cuando no fuere apelada, o cuando fueren adversa total o parcialmente a la Nación, al Departamento o al Municipio, con la finalidad de que el sentenciador de la segunda instancia lleve a cabo la revisión del proceso con el propósito de establecer si tales decisiones deben mantenerse, modificarse o revocarse. La consulta, pues, entraña una especie de apelación oficiosa que se cumple en interés de la ley, de tal manera de que si no se agota, la sentencia no adquiere firmeza, y por lo tanto, no hace tránsito a cosa juzgada.

 

Debe observarse que toda decisión judicial debe fundarse en las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso según las voces del artículo 174 del Código de Procedimiento Civil.  Esta es norma general, pero para cada proceso en particular la carga de la prueba esta regida por el principio consagrado en el artículo 177 ídem en virtud del cual “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen”, con la salvedad de que los hechos notorios y las afirmaciones o negaciones indefinidas no requieren prueba por disponerlo así el inciso 2º de la norma transcrita.

 

Tales normas son de aplicación en los procesos laborales, advirtiendo sí que en esta clase de procesos el Juez no está sujeto a la tarifa legal de pruebas y que puede formarse libremente su convencimiento, “Inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad substantiam actus, no se podrá admitir su prueba por otro medio” (Art. 61 CPT y SS).

 

No fue motivo de controversia dentro de este proceso que el demandante Julio Cesar Serna Cardona fue pensionado por vejez por el Instituto de los Seguros Sociales Seccional Quindío, pues, así se acredita con la copia de la Resolución 00882 de 17 de mayo de 1985 (ver fls 7 y 8) y, además así se acepta por la demandada al darse respuesta al hecho primero de la demanda.

 

En este caso pretende el accionante que se le reconozca el incremento del 14% a que según él tiene derecho por razón de su compañera permanente Sra. Olga Lucidia Arango Montoya, depende económicamente de él, y que así lo autoriza el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

 

Sobre casos análogos y relacionados con este incremento se ha pronunciado esta Sala del Tribunal, concretamente se cita la sentencia de 1º de septiembre de 2006 dentro del proceso ordinario laboral promovido por José Vicente de la Pava en contra del mismo Instituto de los Seguros Sociales, MP Luís Fernando Dussán Arbeláez que igualmente trae a colación la sentencia consultada, porque es evidente que no se puede soslayar el contenido del articulo 16.1 del Código Sustantivo del Trabajo, como quiera que Las normas sobre trabajo, por ser de orden público, producen efecto general inmediato, por lo cual se aplican también a los contratos de trabajo que estén vigentes o en curso en el momento en que dichas normas empiecen a regir, pero no tienen efecto retroactivo, esto es, no afectan situaciones definidas o consumadas conforme a leyes anteriores”.

 

 Observa la Sala que si bien las partes en el debate hacen referencia al Acuerdo 049 de 1990 aprobado por el decreto 758 del mismo año, lo cierto es que el reconocimiento de la pensión de vejez en la Resolución 00882 de 17 de mayo de 1985, con efectos a partir de del 1º de mayo de ese año, lo que significa que dicha pensión de vejez estaba regida por el Acuerdo 029 de 1985, aprobado por decreto 28979 de 4 de octubre también de ese año.

 

Esta es una situación muy clara que no está sujeta a discusión porque de ninguna manera y para los efectos de incremento deprecado se exige que el derecho se hubiese definido o consumado en razón al artículo 3º del Acuerdo 029 de 1985, pero esta disposición no lo contemplaba para el caso de la compañera permanente dependiente del beneficiario pues únicamente hace referencia expresa al cónyuge del beneficiario. 

 

Entonces, los incrementos del 14% y 7% sobre la pensión mínima legal por el cónyuge o compañero o compañera y de los hijos o hijas menores de 16 o de 18 años si son estudiantes o inválidos no pensionados y que dependan económicamente del pensionado, previstos en el artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 que fue aprobado por el decreto 758 del mismo año, es procedente en el evento en que el pensionado por invalidez o vejez se le haya reconocido la prestación con fundamento en el Acuerdo 049/90 antes citado, es decir, para quien se ha pensionado bajo los lineamientos del reglamento general del Seguro Social Obligatorio de Invalidez Vejez y Muerte allí contenido, que no fue la situación jurídica definida por el ISS en la Resolución 00882 de 17 de mayo de 1985 cuando reconoció la pensión de vejez al actor, que como con acierto infiere el a-quo, se sujeta al Acuerdo 029 de 1985, normatividad vigente en la época en que se consolida el derecho pensional y que no contemplaba el derecho a incremento en porcentuales respecto de la compañera permanente dependiente del beneficiario. Y como este supuesto fáctico no fue previsto, no se puede hablar aquí de una situación definida, menos aun de la posibilidad de aplicación retroactiva del artículo 21 del Acuerdo 049 de 1990 que sí regula el incremento del 14% sobre la pensión mínima legal por el compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste.[7]

 

Y la razón fundamental para negarse lo pretendido por el demandante es que el incremento del 14% por razón de su compañera permanente, aspirando al reajuste de mesadas desde el 1º de mayo de 1985, no es posible porque a esa fecha aun no se encontraba establecido ese tipo de derecho para el pensionado que tuviera una convivencia con la compañera permanente de quien se predica dependencia económica. Como a esta conclusión llegó el a-quo, debe recibir beneplácito la sentencia consultada.

 

No hay lugar a condena en costas en el tramite de segunda instancia, en razón a la consulta y porque se verifica que éstas no se han causado – artículo 392.9 CPC.

 

 

3.  DECISIÓN

 

Con base en  lo expuesto, la Sala de Decisión Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Armenia, Quindío, administrando justicia en nombre de la República de y por autoridad de la Ley,       

 

 

3.1 R E S U E L V E

 

3.1.1 CONFIRMAR en todas sus partes la sentencia de primera instancia venida en Consulta, proferida el 29 de mayo de 2007, por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de esta capital, dentro del proceso ordinario laboral promovido por JULIO CESAR SERNA CARDONA en contra del INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, según razones consignadas en la parte motiva de este pronunciamiento.

 

3.1.2 DECLARAR que no hay lugar a condena en costas en el tramite de segunda instancia, en razón a la consulta y porque se verifica que éstas no se han causado – artículo 392.9 CPC. Surtidos los trámites en esta instancia desanótese y devuélvase el expediente al juzgado de origen.

 

La Sentencia queda notificada a las partes en estrados conforme a la Ley, así se termina y firma por quienes en ella intervinieron, luego de leída y aprobada en todas sus partes.

 

 

 

LUIS FERNANDO SALAZAR LONGAS

Magistrado

 

 

OSCAR CARDONA PEREZ

Magistrado

 

 

 

LUIS FERNANDO DUSSÁN ARBELAEZ

Magistrado

 

 

 

MARGOTH  RODRÍGUEZ  MORALES

                                         Secretaria



[1] Demanda y anexos, folios 1 a 14

[2] Folio 17

[3] Responde a la demanda y anexos, folios 19 a 24

[4] Folios 26 y 27

[5] Audiencia de juzgamiento, folios 31 a 37

[6] Folio 4 Cdno 2 Tribunal

[7] La norma dispone: Art. 21. INCREMENTOS DE LAS PENSIONES DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN Y VEJEZ. Las pensiones mensuales de invalidez y de vejez se incrementarán así:

 

a) En un siete por ciento (7%) sobre la pensión mínima legal, por cada uno de los hijos o hijas menores de 16 años o de dieciocho (18) años si son estudiantes o por cada uno de los hijos inválidos no pensionados de cualquier edad, siempre que dependan económicamente del beneficiario y,

 

b) En un catorce por ciento (14%) sobre la pensión mínima legal, por el cónyuge o compañero o compañera del beneficiario que dependa económicamente de éste y no disfrute de una pensión.

 

Los incrementos mensuales de las pensiones de invalidez y de vejez por estos conceptos, no podrán exceder del cuarenta y dos por ciento (42%) de la pensión mínima legal.

 

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